Consuelo Porras busca cerrar filas

Álvaro Montenegro 

Las arbitrariedades del Ministerio Público por medio de las cuales ha buscado interferir en las elecciones han llamado la atención nacional e internacional. Pocas veces, una fiscal general ha sido tan cuestionada en organismos multinacionales, por Estados y sancionada por corrupción. En Guatemala, nunca se habían dado marchas multitudinarias para pedir que una Jefa del Ministerio Público renunciara. Esto le ha calado profundamente, así como los rechazos que ha sufrido por parte de congregaciones católicas, religión que Consuelo Porras profesa y de la cual se siente íntimamente ligada. 

Algunos sectores han dado muestras de ligeros pero significativos símbolos que implican un desmarque de Porras. La Corte de Constitucionalidad, en modo “gallo-gallina” permitió la segunda vuelta y no avaló la suspensión de Semilla, tampoco lo hizo la Corte Suprema de Justicia, órganos que habían sido sólidos del Pacto de Corruptos. Asimismo, el Cacif rechazó los intentos por cancelar a Semilla y se sintió aludido cuando el MP quiso actuar contra las Juntas Receptoras de Votos cuyos liderazgos están cercanos al círculo empresarial. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), inicialmente fiel al mismo Pacto, dejó clara su distancia pues eran los señalados del supuesto fraude y se consolidaron al punto de que sostuvieron la presión para impedir que Giammattei y Porras se robaran la elección. 

Estas tensiones varían, se estiran y contraen dependiendo de cada jugada. Curruchiche anunció antejuicios contra Semilla y movió la ficha contra los magistrados del TSE y el Registrador. Para ello, se legitimó en denuncias antiguas de cercanos del Cacif que incluso retiraron las denuncias pues eran hechos antiguos que ya perdieron materia. Para hacer la próxima arremetida golpista, Porras junto a Fundaterror y los intereses criminales con apoyo de algunos empresarios necesitan reunificar al Pacto de Corruptos y dejar de lado las grietas que se han causado. De momento, si el MP presentara antejuicios contra Bernardo Arévalo, Samuel Pérez (o los que ya se presentaron contra el TSE) no tienen un fututo asegurado en las Cortes y podrían ser rechazados. Para tratar de cambiar el clima y favorecer la criminalización, el MP ejecutó dos acciones:

1) El amparo presentado el 25 de agosto donde de forma desparramada incorpora variadas pretensiones pero que en el fondo copia a los amparos preventivos que se han presentado desde 2015 para asegurar el derecho de manifestación. Sin embargo, este fue rechazado, lo que regresa a Porras a la esquina de la soledad. La fiscal general se presentó inusitadamente como agraviada por activistas y periodistas que la critican. Buscaba que la CC diera a entender que debía investigar “algo”, y con eso le bastaría para sacar algún caso (conexando a los tuiteros con Semilla o cualquier otro invento) diciendo que la máxima corte le había ordenado investigar. El amparo contra Giammattei buscaba subir la apuesta para que cualquier resolución trajera al presidente al ruedo para dar la pelea. Al negarlo, se ve que el Pacto está desgranado y los golpistas no tienen la fuerza para rebasar ciertas líneas.  

2) Caso contra Claudia González: es la abogada más importante de los fiscales criminalizados (de Juan Francisco Sandoval y Virgina Laparra) y utiliza una denuncia de Blanca Stalling (con quien Porras comparte status de sancionada por EEUU) para hacerle un guiño a ella y a la CSJ y decirle que “deben estar juntas en este barco”. También le recuerda al Cacif y a quienes se han desmarcado de la ofensiva golpista que existió una Cicig y que hay una guerra que debe ser terminada, y cuyo objetivo sería bloquear a Arévalo. 

El MP no las tiene todas consigo pero sí a jueces aliados dispuestos a todo (como Jimi Bremer o Freddy Orellana) para continuar con la intentona golpista. El Cacif y comunidad internacional han tratado de asegurar la elección sin que necesariamente se dé la salida de Porras de la fiscalía. Es evidente que ella “se morirá con las botas puestas” y tratará de criminalizar a fiscales, periodistas y activistas en una estrategia donde su objetivo de impunidad es impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Consuelo Porras (con sus cada vez menos alianzas empresariales, Fundaterror y algunos funcionarios y organizaciones) es insostenible y la ciudadanía, comunidad internacional, empresarios decentes y funcionarios que no quieren vivir en una dictadura deben demandar su renuncia inmediata. Ella es la causa real de la ingobernabilidad y la crisis.